Cada día, el avance tecnológico progresa exponencialmente, introduciendo constantemente nuevas herramientas encaminadas a facilitar tareas en campos académicos, profesionales e incluso en nuestra cotidianidad, ofreciendo soluciones eficientes que abarcan desde la educación y la investigación hasta la productividad y el entretenimiento con varios fines, entre algunos de ellos, beneficiar y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Este constante flujo de avances tecnológicos está transformando la forma en que interactuamos con el mundo, ofreciendo oportunidades para optimizar procesos y resolver desafíos de manera más efectiva. Herramientas como la inteligencia artificial (IA) han surgido con un potencial transformador, lo que ha llevado a un replanteamiento de los paradigmas en diversos campos, incluido el derecho. Ante este panorama, se hace cada vez más imperativo que el derecho asuma un rol activo y proactivo en la regulación de estas innovaciones, con el objetivo de mitigar los riesgos inherentes y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En ese contexto de cambio, la Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia T-323 de 2024, ha abordado por primera vez un caso que involucra el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la toma de decisiones judiciales. Este fallo, que responde a una acción de tutela presentada en nombre de un menor diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), plantea cuestiones críticas sobre la interacción entre la tecnología y el derecho. En este contexto, se examina el rol de la IA en el sistema judicial y las posibles implicaciones que este fallo tiene para el futuro de la administración de justicia en Colombia.
Contexto del caso y los hechos relevantes
El caso que dio origen a la sentencia T-323 de 2024 involucra una disputa entre una madre, Blanca, y una Entidad Promotora de Salud (EPS) sobre la exoneración del pago de copagos y cuotas moderadoras para su hijo menor, Emilio, quien padece de TEA. La madre presentó una acción de tutela argumentando la vulneración de los derechos fundamentales de su hijo a la salud y a una vida digna debido a la negativa de la EPS de exonerar dichos pagos y proporcionar transporte para asistir a las terapias prescritas.
En segunda instancia, el juez encargado del caso utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT 3.5 para apoyar la fundamentación de su decisión. Este hecho motivó la revisión por parte de la Corte Constitucional, que decidió abordar no solo los aspectos sustantivos del caso sino también las implicaciones del uso de IA en la motivación de decisiones judiciales.
El uso de la IA en el proceso judicial
El aspecto más innovador y, en mi opinión, controvertido de este caso radica en el uso de ChatGPT 3.5 por parte del juez de segunda instancia. La herramienta fue utilizada para obtener información jurídica que luego fue incorporada en la sentencia. La Corte Constitucional se encontró ante la necesidad de evaluar si este uso constituía una violación del derecho al debido proceso, un principio fundamental en el sistema de justicia.
La Corte consideró que el uso de IA en este caso no reemplazó el ejercicio de la función jurisdiccional, pues el juez ya había tomado la decisión basada en su razonamiento previo antes de consultar con la herramienta. Sin embargo, la Corte subrayó la necesidad de que el uso de IA en la justicia cumpla con principios de transparencia, responsabilidad y no sustitución de la racionalidad humana. Se reconoció que la IA puede ofrecer beneficios significativos, como la optimización del tiempo en la redacción de sentencias, pero también se advirtió sobre los riesgos de alucinaciones y sesgos que pueden afectar la integridad del proceso judicial.
Consecuencias jurídicas y éticas
La sentencia T-323 de 2024 establece un precedente sobre el uso de tecnologías avanzadas en la administración de justicia. La Corte no prohibió el uso de IA, pero sí estableció criterios claros que deben seguirse para garantizar que estas herramientas se utilicen de manera adecuada y respetuosa de los derechos fundamentales.
La Corte ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que, en un plazo de cuatro meses, emitiera guías y lineamientos claros sobre la implementación de IA en la Rama Judicial, con un enfoque particular en el uso de herramientas como ChatGPT. Esta regulación deberá alinearse con los principios establecidos por la Corte, asegurando que el uso de IA no comprometa la independencia judicial ni la garantía del debido proceso.
Además, la sentencia exhorta a todos los jueces de la República a evaluar cuidadosamente el uso de herramientas de IA, aplicando siempre los más altos estándares éticos y legales. La Corte subrayó que la IA debe ser un complemento, no un sustituto del juicio humano, y que su uso debe estar siempre controlado por principios de transparencia, responsabilidad y equidad.
Reflexiones y desafíos
La sentencia T-323 de 2024 abre un debate sobre el futuro del derecho en la era digital. Si bien la IA puede ofrecer herramientas poderosas para mejorar la eficiencia y precisión en la administración de justicia, también plantea desafíos significativos que deben ser abordados con cuidado. La Corte Constitucional ha dado un paso importante al poner la lupa frente al tema, pero el camino hacia una integración equilibrada de la tecnología está lejos de completarse.
En un futuro cercano, es probable que veamos un aumento en el uso de IA en diversas áreas del derecho, no solo en la administración de justicia sino también en la práctica jurídica empresarial. Este proceso debe estar acompañado de un marco regulatorio sólido que proteja los derechos fundamentales y mantenga la confianza en el sistema judicial. Por el momento, únicamente tenemos marcos éticos y ahora está sentencia de la Corte.
Conclusión
La sentencia T-323 de 2024 es un precedente clave en la relación entre derecho y tecnología en Colombia. La Corte Constitucional ha señalado un camino hacia la integración responsable de la IA en la administración de justicia, subrayando la importancia de mantener los más altos estándares éticos y legales. En particular, la Corte estableció una serie de requisitos para el uso de IA en el ámbito judicial, que incluyen:
- Transparencia: El uso de IA debe ser transparente, lo que implica que todas las partes involucradas en un proceso judicial deben ser informadas de la utilización de estas herramientas y su impacto en la decisión.
- Responsabilidad: Los jueces deben asumir plena responsabilidad por las decisiones que emitan, incluso cuando utilicen IA como apoyo. La IA no puede ser utilizada como un sustituto del juicio humano, y los jueces deben garantizar que las decisiones sean el resultado de su razonamiento independiente.
- Privacidad: El uso de IA debe respetar estrictamente la privacidad de los datos personales y la confidencialidad de la información involucrada en los procesos judiciales.
- No sustitución de la racionalidad humana: La IA debe ser utilizada como una herramienta complementaria, no como un reemplazo del juicio humano. La toma de decisiones judiciales debe estar siempre basada en la racionalidad y el análisis jurídico humano.
- Seriedad y verificación: Los jueces deben verificar y validar la información proporcionada por la IA antes de incorporarla en sus decisiones. Es crucial que la información obtenida de estas herramientas sea precisa y confiable.
- Prevención de riesgos: Se deben adoptar medidas para prevenir los riesgos asociados al uso de IA, como la posibilidad de sesgos o alucinaciones generadas por estas tecnologías.
- Control humano: El uso de IA debe estar siempre bajo el control y supervisión directa de un juez humano, asegurando que la tecnología no comprometa la autonomía e independencia judiciales.
Para el sector empresarial y la sociedad en general, este fallo es un recordatorio de la necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más digital, asegurando que la innovación vaya de la mano con la protección de los derechos fundamentales. En un futuro cercano, si no es en este momento, la implementación de estos principios será crucial para mantener la confianza en el sistema judicial y garantizar que la tecnología se utilice de manera ética y efectiva.
La única duda que queda sin resolver, y que no se resolverá en el corto y mediano plazo, es si el factor humano es esencial para la administración de justicia.
Escrito por: Juan Fernando Arenas Jaramillo
